La crisis diplomática entre Brasil y Ecuador comenzó en principios de octubre, cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sin previo aviso, expulsó a la constructora brasileña Odebrecht de su país.  La empresa construyó en Ecuador, con recursos del BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil/ Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil), la hidroeléctrica de San Francisco. La hidroeléctrica costó casi R$500 millones y abastece, actualmente, el 12% de la energía de todo el Ecuador.

La hidroeléctrica de San Francisco fue inaugurada en noviembre de 2007, pero sólo 7 meses después tubo que interrumpir sus operaciones, porque se detectaron errores estructurales en su construcción. Desde entonces, el gobierno ecuatoriano ha advertido la compañía de que la construcción ha presentado fallas estructurales y que la interrupción del abastecimiento de energía ha provocado daños diversos a la población. 

Ante los problemas, Rafael Correa presentó un ultimátum a la Odebrecht para reparar los daños en la usina. Además, exigió que la compañía pagara indemnización por los daños y perjuicios provocados por el desabastecimiento de energía. Por su parte,  la compañía se negó a  pagar cualquier indemnización al gobierno  ecuatoriano. Así, los conflictos se agravaron y terminaron en la expulsión de la Odebrecht de Ecuador.

Alegando una serie de irregularidades, el decreto de la expulsión fue firmado por el  presidente Rafael Correa en el día 13 de octubre. El decreto anula cuatro contratos con valor de US$ 800 millones que el presidente había firmado con la Odebrecht. Según Correa, la constructora intentó cobrarle a Ecuador el coste de reparación que era responsabilidad de la empresa. Además, se detectaron irregularidades en otras cuatro grandes obrasrealizadas por la empresa. 

De acuerdo con Correa, la compañía “engañó el país” cuando anunció que estaba dispuesta a cumplir todas las exigencias que le hizo el gobierno. Correa agregó que “las irregularidades” cometidas por la contratista “son cada vez más grandes” y que los directores de la Odebrecht “están acostumbrados a hacer lo que les trae lucros y creyeron que podrían seguir haciéndolo”.

Las relaciones entre Brasil y Ecuador se pusieron realmente difíciles cuando, en el día 20 de noviembre, Rafael Correa declaró que intentará no pagar las deudas consideradas por él “ilegales e ilegítimas”, y que irá a recurrir a las cortes internacionales. “No sólo trataremos de castigar a los culpables, pero también trataremos de no pagar la deuda ilegal, la deuda ilegítima y corrupta”, dijo a Correa. El préstamo es de US$ 243 millones.

Después de la expulsión de la Odebrecht de Ecuador, el gobierno brasileño respondió  con la cancelación de una visita al país, que sería conducida por el ministro brasileño de los transportes, Alfredo Nascimento. Inmediatamente, Ecuador lamentó la reacción del gobierno brasileño.

 

El presidente de Ecuador pidió al gobierno brasileño que reexaminase la decisión de cancelar su misión comercial en Ecuador. Correa afirmó: “Espero que el gobierno brasileño revise su decisión. No entendemos la posición del gobierno brasileño, pero la respetamos”.  Alertó todavía que, a través de publicaciones en la prensa, esos ejecutivos “tratan de presionar a Lula contra Ecuador, cuando no es un problema de Estado para Estado, sino que de Estado para con una compañía privada que, como lo dije una vez, es corrupta y corruptora”. Además, el presidente de Ecuador amenazó nacionalizar los pozos explorados hoy por la Petrobrás. 

Pero, si para Correa no se trata de un “problema de Estado para Estado”, y sí “de Estado para con una compañía privada ”, ¿qué nos dice el gobierno brasileño? ¿Cómo el gobierno brasileño enfrentó todo este problema?

Delante de la actitud del gobierno de Ecuador en negar el pago de la deuda, el gobierno brasileño afirmó tener  “preocupación seria” con el problema. Además, el Ministro de los Asuntos Exteriores, Celso Amorim, afirmó que el embajador brasileño dejará Ecuador. Según el Ministro, ésta es una forma que encontró Brasil de manifestar que está “insatisfecho con la manera como las cosas fueron conducidas hasta aquí”. 

Celso Amorim aún agregó que la crisis con Ecuador es “seria y sale un poco de la rutina diplomática”. En esta dirección, afirmó que pueden haber medidas más fuertes. “Vamos a examinar con la seriedad debida el hecho de que, de cierta manera no corresponde a lo que nos imaginamos que deben ser las relaciones entre dos países amigos, repito, no sólo por la naturaleza de las medidas, pero por la forma como fueron tomadas”. 

Como vemos, aparentemente, el gobierno brasileño, en la dirección contraria, trata el problema como problema “ de Estado para Estado”, como un problema diplomático.

Pues, nos debemos recordar que esta crisis diplomática con Ecuador no es la primera enfrentada por el gobierno Lula. Ocurrió recientemente, también, la crisis con el gobierno boliviano de Evo Morales, debido a la nacionalización de industrias de la Petrobrás y a la revisión de contratos. Esta crisis también presentó grandes problemas diplomáticos al gobierno Lula. Sin embargo, en la ocasión, el gobierno brasileño aceptó pasivamente las exigencias de Morales y la crisis fue superada ante la “solidaridad” del gobierno brasileño al boliviano.

De esa manera, ¿por qué razón el gobierno brasileño trata de forma diversa el problema con Ecuador? ¿Por qué razón el gobierno Lula decidió tomar medidas más drásticas en relación a Ecuador? 

Las relaciones (excusas) de Lula con la Odebrecht

Lula (y, seguramente, una buena parte del gobierno) le debe mucho a la Odebrecht. En  2002, cuando fue elegido por primera vez, la compañía fue la más grande donadora de dinero para la campaña electoral. En 2006, de la misma forma, mucho dinero entró en juego. 

Emilio Odebrecht, dueño de la contratista, afirmó ya muchas veces ser amigo de Lula desde principios de la década de 90. Después de la elección, lanzó la célebre frase: “ El presidente Lula no tiene nada de izquierda, nunca fue de izquierda”, teniendo como objetivo tranquilizar a la burguesía. En otro momento, hablando sobre la elección de Lula, dijo: “Fue la mejor cosa que le podría suceder a Brasil”.

Como vemos, por detrás de todo el problema están los intereses de Lula y los de la Odebrecht. En Brasil, como se sabe, las campañas del PT y de Lula han sido financiadas por grandes contratistas y grandes bancos. 

Evidentemente, en el otro caso, en el caso de Ecuador, tampoco están representados los intereses de los trabajadores del país. Rafael Correa, con discurso provocador  y firme, aprovecha la repentina expulsión de la Odebrecht para aparecer delante de su país como el “padre y el señor de la nación”, defensor de los intereses del pueblo que representa. Correa trata de aparecer como un gran líder. 

Sin embargo, su confrontación con la Odebrecht no representa un camino verdadero de lucha para los trabajadores ecuatorianos. Mientras la crisis financiera internacional causa dimisiones y reducción de los salarios, Correa no presenta alternativa alguna  y solamente desvía el foco de las verdaderas luchas de los trabajadores.

Así, esta crisis diplomática nos evidencia las contradicciones de los gobiernos dichos de izquierda de América latina, como también revela, claramente, la función del Estado burgués en la sociedad capitalista. El Estado es una pieza fundamental para la acumulación capitalista. El Estado, como evidenció Marx en el Cap. XXIV de El capital, insertado en proceso de acumulación de capital, es responsable de privatizar el lucro del capitalista y de socializar sus daños.

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